Acuerdo tripartito de Madrid o Acuerdos de Madrid (nombre simplificado de la Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sahara Occidental), 14-11-1975
Lo cierto es que, después de este acuerdo, la ONU no ha considerado ni a Marruecos (ni, en su momento, a Mauritania) como potencias administradoras del territorio del Sahara Occidental, que sigue figurando en la lista de la ONU de territorios pendientes de descolonización. Políticamente, los acuerdos de Madrid fueron un paso importante de la dinastía alauí en la consecución de su proyecto de Gran Marruecos. La importancia del apoyo prestado por Estados Unidos ha sido considerado por algunos analistas como definitivo.
Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, Enseñanza y Asuntos Culturales, Asuntos Económicos y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos y religiosos, de 3 de enero de 1979
Decreto 2252/1974, de 9 de agosto (Trabajo), sobre medidas coyunturales de política económica y se dispone la plena aplicación de la Ley de Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo
Por el que se dejan sin efecto las limitaciones del Artículo 12 del Decreto-Ley 12/1973, de 30 de noviembre (disp. 1670).
Decreto 2940/1975, de 25 de noviembre, por el que se concede indulto general con motivo de la proclamación de Su Majestad don Juan Carlos de Borbón como Rey de España.
Este indulto benefició, por ejemplo, a los condenados por el Proceso 1001. La Ley de Amnis´tia llegará en 1977, completando la de 1976
Decreto ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo.
Decreto ley 7/1974, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política.
Inicialmente, fue el último presidente del gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro, el que declaró su intención de impulsar las asociaciones políticas en su discurso denominado espíritu del 12 de febrero de 1974. A pesar de la rectificación posterior, consecuencia la oposición radical del denominado búnker (los partidarios de mantener intacto el sistema político franquista, que se expresó en un artículo de José Antonio Girón de Velasco —el gironazo, 28 de abril de 1974, diario Arriba—),2 y de la coyuntura revolucionaria que se estaba viviendo simultáneamente en Portugal (revolución del 25 de abril o de los claveles), se promulgó el decreto-ley 7/1974 de 21 de diciembre, de Estatuto de Asociaciones Políticas (Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política), muy restrictivo
Decreto-ley 5/1975, de 22 de mayo, sobre regulación de los conflictos colectivos de trabajo.
La Constitución vista desde los programas electorales de PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos e IU en 2015
Fragmentos de los programas electorales de dichos partidos políticos en los que manifiestan su forma de pensar acerca de la cuestión de reforma o no de la Constitución española.
Ley 1/1977, de 4 de enero, para la reforma política
El proyecto que se elaboró por el gobierno en septiembre tenía que abrir la puerta un sistema de democracia parlamentaria. No concretaba cómo iba a ser el nuevo sistema político, simplemente eliminaba los obstáculos que ofrecía el régimen franquista a la implantación de un sistema democrático. Venía a ser, en realidad, el acta de liquidación del franquismo aprobada por las propias Cortes franquistas. A lo largo del mes de noviembre la ley fue debatida por las Cortes que, bajo la presidencia de Fernández Miranda, la aprobaron por 425 votos a favor con 59 votos en contra y 13 abstenciones. El gobierno quiso legitimar esta operación sometiendo la nueva ley a un referéndum. Participó el 77,72% del censo electoral, y el 94,17% de los participantes dieron su aprobación. A partir de este momento se podía abrir ya el proceso electoral, segundo punto del programa de Suárez, para elegir a los diputados de las Cortes Constituyentes encargadas de elaborar una nueva Constitución. Tenía un problema importante, que era garantizar la participación de la oposición clandestina en el proceso que ya estaba en marcha por el propio régimen. Para ello se enfrentó a uno de los temas más delicados, la legalización de la oposición. El 8 de febrero se aprueba un decreto ley para la Reforma Política y posteriormente, en marzo, se legalizan gran parte de los partidos políticos con otro decreto ley donde se establecen los requisitos para su legalización. En caso de dudas, el Ministerio de Interior remitiría la documentación al Tribunal Supremo para que dictaminase. Con la aprobación en referéndum de la LRP triunfa el proyecto del Rey, Suárez y Fernández Miranda de hacer una Transición, esto es, la llegada de la democracia de la ley a la ley, mediante la reforma, y no mediante la ruptura como sostenía la oposición democrática.